Principios y Definiciones

Principales propuestas de las Comisiones de la Convención Constituyente

Cuáles son los temas y qué se propone


Las y los convencionales constituyentes deberán orientar su actuar conforme a principios éticos comunes que permitan una convivencia y trato con respeto a la dignidad de cada una y uno de los integrantes de la Convención y del resto de la comunidad.

Las y los convencionales constituyentes deberán actuar con rectitud y honradez, de forma intachable y con preeminencia del interés general por sobre el particular para sí o para terceros.

Obligación de observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función constituyente, con preeminencia del interés general sobre el particular. La Convención deberá resguardar que existan mecanismos para resolver efectivamente los conflictos de interés y sancionar el incumplimiento de las normas pertinentes.

Las y los convencionales constituyentes deberán respetar, cautelar y promover el conocimiento y la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Convención Constitucional, así como la de sus fundamentos, y facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezcan las leyes y otras normas sobre la materia.

El procedimiento para elaborar la nueva Constitución se deberá realizar con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamento de las decisiones que se adopten en él. Así también deberán ser públicas todas las sesiones y los documentos que se presenten con dicho objeto.

Obligación de generar mecanismos de transparencia activa y pasiva que consideren condiciones de publicidad en las diversas realidades culturales, territoriales, etarias, etc. La Convención deberá resguardar que dichos procesos se resuelvan de manera completa, coherente, en calidad y oportunidad.

Cada una de las etapas, procedimientos, documentos y resultados que se requieran para realizar el proceso de participación y acuerdos deberán ser públicas, respetando la transparencia del proceso y debiendo publicarse en el sitio electrónico de la Convención y el de la Secretaría.

El funcionamiento de la Convención Constitucional estará sustentado sobre procesos diseñados e implementados para permitir la máxima transparencia de las dinámicas deliberativas, decisionales de participación y administrativas del proceso constituyente. En consecuencia, toda la información deberá estar disponible de manera accesible, usable, reutilizable, oportuna, gratuita y con la máxima divulgación posible para propiciar la más amplia participación de la población e impulsar la colaboración entre la Convención Constitucional, las instituciones, las organizaciones y las personas.

El proceso deberá tener como objetivo y enfoque la educación, información y capacitación de todas las personas que participen en él, sobre contenidos constitucionales, derechos humanos de los pueblos indígenas, conocimiento ancestral, y otras materias relacionadas con el proceso constituyente, debiendo tener en cuenta las distintas particularidades de cada pueblo, sus lenguas y tradiciones.

Toda la información producida por la Convención Constitucional se considera del mayor interés público, por lo cual debe asegurarse su máxima divulgación y registro público para el presente y las próximas generaciones.

Tanto la información producida por la Convención como los requerimientos desde la población deben ser plenamente trazables en cuanto a su evolución en todas sus etapas.

La Convención Constitucional debe velar por una efectiva comunicación que permita a todas las personas el acceso en igualdad material, asegurando la información y transparencia del proceso constitucional a f in de promover la participación popular y la legitimidad de sus acuerdos.

Los textos aprobados por la Convención Constitucional, especialmente la Constitución, deberán estar escritos en lenguaje claro para facilitar su comprensión y accesibilidad. Deben considerar la interculturalidad y el lenguaje inclusivo y no discriminatorio, con la finalidad de que todas las personas se sientan incorporadas e interpretadas. Se debe instar al uso de un lenguaje neutro que permita la inclusión y, en lo posible, evitar la utilización de duplicaciones, salvo que sean indispensables para el sentido de la frase, así como el uso de signos impronunciables en el lenguaje oral.

Se entenderá por lobby toda gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tenga por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar las y los convencionales constituyentes.

Se entenderá por interés particular cualquier propósito o beneficio, sea o no de carácter económico, de una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de una asociación o entidad determinada.

Se entenderá por conflicto de interés en el ejercicio de la función pública cuando concurren, a la vez, el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias.