1. OBLIGACIONES SOBRE PROBIDAD PÚBLICA QUE APLICAN A LOS MIEMBROS DE LA CONVENCIÓN Y PROPUESTAS DEL CONSEJO

a) Las y los convencionales deben efectuar una Declaración de Intereses y Patrimonio.

Dentro de los 30 días siguientes a que hubieran asumido el cargo.

Durante el mes de marzo del año siguiente en que se haya asumido funciones, y dentro de los 30 días posteriores a concluir sus funciones

A través de un formulario electrónico y conforme a lo previsto en la Ley N°19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

La declaración será pública, sin perjuicio de los datos sensibles y personales que sirvan para la individualización de la o el declarante y su domicilio.

La declaración se publicará en el sitio electrónico de la institución respectiva, debiendo mantenerse hasta 6 meses después del cese de funciones. 

En el Portal dispuesto por la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia (Portal www.InfoProbidad.cl).

El contenido de la declaración sería aquel a que refiere el artículo 7° de la Ley N°20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

El nombre completo de sus parientes por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado tanto en la línea colateral como por afinidad. Ello sin perjuicio de que en el sitio electrónico sólo podrá publicarse el nombre de las y los parientes por consanguinidad, en primer grado en línea recta de la o el declarante. 

Adicionalmente a los bienes de la o el declarante, la declaración de intereses y patrimonio de las y los Convencionales Constituyentes incluye los siguientes bienes:

  • Bienes del cónyuge, siempre que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal; y los del conviviente civil, siempre que hayan pactado régimen de comunidad de bienes. 
  • Actividades económicas, profesionales o laborales que conozca, de su cónyuge o conviviente civil. 
  • Bienes de las hijas o hijos sujetos a la patria potestad del declarante y los de las personas que éste tenga bajo tutela o curatela. 

b) Mandato de administración y enajenación de activos

Las y los Convencionales Constituyentes que sean titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que llevan la Comisión para el Mercado Financiero, y cuyo valor total supere las 25.000 UF, deben optar por una de las siguientes alternativas respecto de tales acciones y valores:

  • Constituir un mandato especial conforme a las normas del Título III de la Ley N°20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
  • Vender las acciones y valores, al menos, en lo que exceda a las 25.000 UF. Lo anterior, debe ocurrir dentro de los 90 días corridos posteriores a la asunción del cargo y, en su caso, dentro del mismo plazo contado desde la actualización de la respectiva declaración de intereses y patrimonio.

Obligación de enajenar

Ahora bien, cuando un Convencional Constituyente tenga participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o a sus organismos y en empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas o que exploten, a cualquier título, concesiones otorgadas por el Estado, incluidas las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción y de radiodifusión sonora, se debe necesaria y obligatoriamente enajenar, o renunciar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2108 y siguientes del Código Civil, a su participación en la propiedad sobre dichos bienes.

¿En qué plazo debiera realizarse?

La enajenación o renuncia debe efectuarse dentro del plazo de 120 días corridos contado desde la fecha que legalmente le corresponda asumir en el cargo, o bien, dentro de los 120 días corridos siguientes a la fecha en que la o el Convencional, o la empresa en que participe, pase a tener alguna de dichas calidades. El producto de dichas ventas no podrá ser invertido en bienes sujetos a la obligación de enajenar, conforme a lo dispuesto en la Ley N°20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

c) Propuestas del Consejo para la Transparencia sobre probidad.

Se sugiere establecer un adecuado mecanismo de control del debido cumplimiento de la obligación de realizar adecuadamente la Declaración de Intereses y Patrimonio, y aplicar las sanciones en caso de incumplimiento de esta normativa, al igual que en el caso de las diputadas y diputados.

El mecanismo de control recién referido debería fiscalizar el debido cumplimiento de las obligaciones de las y los Convencionales Constituyentes respecto a la constitución del mandato de administración y enajenación de activos, cuando corresponda.